Washington – El gobierno de Puerto Rico tiene una base sólida para reclamar en los tribunales que el Departamento de la Vivienda de Estados Unidos (HUD) agilice el desembolso de los cerca de $20,500 millones del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR) que se le asignaron a la isla después del huracán María, según abogados.

“HUD tendría que explicar la autoridad de ley por la cual impide que ese dinero fluya”, indicó ayer Phillip Escoriaza, del bufete Feldesman Tucker Leifer Fidell, con oficina en Washington D.C. y que tiene entre sus especialidades asuntos referentes a fondos federales.

En medio de la nueva emergencia que vive la isla, tras los terremotos de principios de semana, la comisionada residente Jenniffer González adelantó, el jueves, a El Nuevo Día que estudia la posibilidad de reunir un grupo de damnificados del huracán María para demandar en el sistema judicial federal a HUD. Esta agencia, 28 meses después del ciclón, solo ha hecho disponibles $1,507 millones de los casi $20,500 millones en fondos CDBG-DR asignados por el Congreso o administrativamente.

La posibilidad de presentar una demanda también fue planteada, en diciembre, por el presidente del subcomité de Asignaciones que supervisa HUD, el congresista demócrata David Price (Carolina del Norte), y discutida el jueves en una reunión del Caucus Hispano del Congreso -incluidos los boricuas Nydia Velázquez, Darren Soto y Alexandria Ocasio Cortez-, con la speaker Nancy Pelosi.

Desde febrero pasado -el mismo mes en que se desembolsaron los primeros $1,507 millones-, el secretario de HUD, Ben Carson, autorizó el uso de otros $8,221 millones en fondos CDBG-DR, que, sin conocerse la razón, aún no han sido desembolsados.

HUD, además, incumple una ley del Congreso que le ordenó publicar, a más tardar el 4 de septiembre de 2019, las guías sobre el uso de otros $10,300 millones para proyectos de mitigación, incluidos $8,285 millones que tienen un plan de uso presentado por el gobierno de Puerto Rico.

Como justificación para el retraso, HUD alude a la cautela que tiene ante el historial de “malversación fiscal y corrupción” del gobierno de Puerto Rico y el hecho de que el Departamento de la Vivienda de la isla solo ha utilizado $10.8 millones de los $1,507 millones desembolsados en febrero de 2019.

HUD tiene pendiente, desde el 2 de agosto, el nombramiento de un monitor financiero que tendría a su cargo velar desde la isla por el uso de los fondos CDBG-DR.

Ese funcionario estaba supuesto a llegar a Puerto Rico antes de que terminara 2019.

Escoriaza sostuvo que la aparente lentitud del gobierno de Puerto Rico en utilizar los fondos no puede ser una excusa.

Consideró que el recurso legal a presentarse pudiera ser una acción de mandamus, “bajo la teoría de que la agencia federal está incumpliendo los deberes que le imponen la ley que creó el programa CDBG y las leyes que le concedieron a la agencia federal la autoridad presupuestaria para extender la ayuda a Puerto Rico bajo el programa CDBG-DR”.

Ante la GAO

El abogado Juan Carlos Albors, precandidato del Partido Popular Democrático (PPD) a comisionado residente en Washington, piensa, sin embargo, que el trámite judicial debe hacerse a través de la Oficina de Contraloría General (GAO, por sus siglas en inglés), a la que solicitó, en octubre pasado, que interviniera en este asunto, pues considera tiene la jurisdicción primaria para determinar que el gobierno federal le está “confiscando fondos a la isla”.

Albors -quien se reunirá la semana próxima en Puerto Rico con representantes de la GAO-, ha pedido, desde hace tres meses, a la comisionada residente que se una en el reclamo para que esa oficina, un brazo independiente del Congreso, determine que, en efecto, ha ocurrido una confiscación de fondos y acuda al tribunal federal de Washington D.C. a reclamar su entrega.

“Es más fácil plantearlo desde el punto de vista de los (fondos para proyectos de mitigación)”, pues HUD incumple, desde hace cuatro meses, el mandato del Congreso para que se publiquen las guías que regirían el uso de esa parte de los fondos, sostuvo Albors.

Por un requisito de otra ley del Congreso, sin embargo, los fondos CDBG-DR para proyectos de mitigación no pueden ser desembolsados hasta que el gobierno de Puerto Rico y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) lleguen a un acuerdo final sobre el costo de las obras permanentes a ser financiadas por el gobierno de EE.UU. tras el huracán María.

Originalmente, la fecha final para acordar el estimado de costos era el 11 de octubre de 2019. Pero, tres meses después, FEMA y el gobierno de Puerto Rico todavía no han fijado una nueva fecha límite.

Escoriaza sostuvo que por solo requerir de la firma de un acuerdo entre el gobierno de Puerto Rico y HUD -contrario a los fondos de mitigación que están condicionados al acuerdo con FEMA – lo ideal es que la administración de Wanda Vázquez Garced se centre en presionar a favor de los $8,221 millones autorizados por el secretario de HUD, Ben Carson, desde hace 11 meses.



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